La importancia de la videovigilancia en el ámbito laboral

Una de las intervenciones clave por parte de los Detectives Privados para empresa es la de la videovigilancia en el ámbito laboral. Este asunto puede llegar a generar determinadas dudas acerca de su legalidad tanto a la Compañía como a los asalariados, especialmente cuando se instalan cámaras en el espacio de trabajo sin previo aviso a los empleados.

No obstante, en situaciones en los que la empresa necesita demostrar de forma inequívoca, por ejemplo, la mala praxis de sus trabajadores, este método se convierte en uno de los más convenientes, siempre y cuando intervenga en estos casos a través de la contratación de un Investigador Privado.

Es completamente legal o lícito instalar cámaras en el ámbito profesional para grabar a los empleados cuando exista un motivo lícito para ello y, lo más importante, si quien lo realiza es un Detective Privado ajustándose a los principios de legalidad, dignidad, integridad, congruencia, idoneidad, necesidad , proporcionalidad y reserva profesional.

La razón es que esta tipología de casos se rige por la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada, lo que habilita al Detective Privado a ubicar cámaras que le ayuden en su investigación: no solo es una actuación que se engloba dentro del marco de la legitimidad, sino que además no exige información previa ninguna a los asalariados.

Además, cuando la empresa sospeche de conductas negligentes o poco éticas o profesionales de sus empleados que le supongan algún perjuicio en sus distintos ámbitos o áreas laborales (desde una provocada pérdida de beneficios hasta constantes y reiteradas quejas por parte de sus clientes) existe un interés legítimo de la Compañía en investigar estas cuestiones.

Por tanto, se trata de una necesidad de la Entidad que requiere de comprobar y corroborar sus dudas, de una manera fehaciente y precisa, sobre actos reprobables de sus trabajadores durante su jornada laboral. De esta forma, podrá descubrir quién o quienes son los responsables para acreditar el alcance de dichas acciones y, de este modo, poder así actuar en consecuencia a través de los medios oportunos que estima la ley en estos casos.